Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, quienes no han definido aún las carteras de los ministerios, trabajan ya en varias materias para arrancar con fuerza el nuevo Gobierno de coalición.
Pedro Sánchez ha acudido esta mañana al Palacio de La Zarzuela acompañado por la Presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, para jurar su cargo de Presidente del Gobierno ante el Rey Felipe VI. El presidente del Gobierno se ha reencontrado con el Monarca, quien tenía un semblante muy serio, un síntoma de su preocupación por lo acontecido estas semanas en las calles tras anunciarse la Ley de Amnistía para todos los condenados en el Procès.
Pues bien, no le ha faltado tiempo a Pedro Sánchez para echarse manos a la obra a evaluar algunos aspectos que en su anterior legislatura podrían haberse mejorado. Uno de ellos es el aspecto laboral, cuya nueva reforma impulsada por el anterior Ministerio de Trabajo no reunía una condición que perjudicó a algunos trabajadores de nuestro país. Por ello, Yolanda Díaz, quien volverá a ser la ministra de Trabajo, quiere añadir un nuevo artículo a la reforma laboral para favorecer a los trabajadores. El nuevo Gobierno quiere poner más trabas a las empresas a la hora de despedir a sus empleados, incentivando el despido improcedente. Esta nueva regulación legislativa ha provocado una gran controversia en el ámbito jurídico, y, sobre todo, en el seno de las empresas.
Objetivo: aumentar la población ocupada
El Gobierno ha justificado esta proposición legislativa a los últimos datos arrojados por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), los cuales no son nada halagüeños después de los miles de despidos que se han producido con el desenlace de la campaña de verano. El Ministerio de Trabajo considera que más de 700.000 bajas que se han efectuado durante el año 2023 se ha debido por la falta de protección por parte del Gobierno a los trabajadores en este sentido y las «pocas barreras» que tienen las empresas para tener libertad a la hora de cesar a sus empleados.
Otro de los puntos que preocupa al Ministerio de Trabajo es que el 54% de los despidos que han tenido lugar a lo largo de año son de carácter disciplinario, tal y como recogen los datos de la Seguridad Social. Es decir, al ser disciplinarios, las empresas no tienen la obligación de indemnizar a sus trabajadores, una circunstancia que el Gobierno quiere endurecer para dar mayor flexibilidad económica a los trabajadores si se quedan sin trabajo.
