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Impacto económico de la clausula suelo

Evolución de la doctrina judicial

A la hora de definir rápidamente que es la cláusula suelo podríamos decir que nos encontramos ante una condición que el banco estipulaba de manera unilateral a la hora de la formalización del contrato de préstamo hipotecario donde exigía al prestatario un tipo de interés mínimo que nunca podría bajar a pesar que el indicador estuviera muy por debajo como ha sucedido en estos tiempos, solia aparecer como “el tipo de interés variable no podrá bajar nunca del 3,5% “. A consecuencia de la falta de información y transparencia es por lo que se dicta la nulidad.

Las plataforma de afectados de clausula suelo recibieron la sentencia con los brazos abiertos ya que partir de mayo de 2013 se dictaminó resolución judicial por parte del Tribunal Supremo donde se recogía que este tipo de estipulaciones eran ilegales y por tanto nulas de pleno derecho, ya que en principio no existía una igualdad de contraprestaciones entre el banco y el cliente, puesto que ellos te imponían un tipo mínimo a cobrar en caso que tu indicador, que suele ser el Euribor, bajara hasta mínimos históricos como es el caso actual y te imponían techo muy superior, en resumidas palabras, tu hipoteca nunca podría bajar del 4% por ejemplo ni llegar a un 15 %, algo que era imposible.

Esto significa por tanto que en puridad nos encontramos ante una clausula nula, produciendo efectos desde que se impone al consumidor, por lo que habría que devolver las cantidades cobradas injustamente al usuario desde que formalizó su Escritura de préstamo en notaria. Si bien es cierto, ellos achacan a la oferta vinculante como el documento que les dota de transparencia, pero no os asustéis porque aun disponiendo de dicho papel incluso firmado, son nulas, por lo que animamos a que realicéis vuestra reclamación.

clausulasuelo

No obstante, ha aparecido una reciente sentencia que ha formulado la polémica y ha sido un jarro de agua fría para los que confiaban en la retroactividad total, ya que en 2015 el Supremo si bien ha confirmado que este tipo de condición en el préstamo es nula por los motivos expuestos anteriormente, la devolución de las cantidades debe realizarse desde mayo de 2013 y no desde el inicio del contrato. Cuenta con un voto particular del Magistrado D. Francisco Javier Orduña Moreno y al que se ha adherido el Magistrado D. Xavier O´Callaghan Muñoz.

La consecuencia económica que tendría la devolución de las cantidades cobradas indebidamente a los usuarios a raíz de la última sentencia del tribunal supremo podría producir un boquete en las cuentas de los bancos que les ha pillado por sorpresa ante la tendencia de los tribunales en los últimos meses.

Agujero económico

A pesar de este mazazo, no podemos perder la esperanza ya que se ha recurrido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableciendo que si nos encontramos ante una clausula nula, la devolución tiene que ser total, además los Juzgados de Primera Instancia parece que siguen esta tendencia en primer lugar, aunque algunos ya se están desvinculando.

El Alto Tribunal se ha decantado por esta tendencia ya que según estudios realizados por diversas agencias, el posible impacto económico que podría sufrir la banca sería un boquete de unos 800 millones de euros anuales, que vistos desde el punto de vista del consumidor, es la cantidad que han robado y no van a sufrir ninguna consecuencia jurídica al respecto.

Trasladando los datos recogidos por bankimia, solo el BBVA tendría que abonar unos 400 millones de euros al año en concepto de indemnización, siendo por tanto la táctica de esta entidad la de eliminar a sus usuarios esta condición pero sin la opción de reclamar judicialmente la devolución de las cantidades, argucia muy hábil por su parte.

En cuanto a NGC Banco, la cantidad a abonar sería de unos 48 millones de euros, y respecto a Cajamar, nos encontraríamos con unas pérdidas de 50 millones. Estas cantidades se reducen considerablemente a consecuencia de la nueva doctrina establecida ya que solo devolverían el dinero “hurtado” a las familias desde la fecha en que apareció la primera sentencia del Supremo, es decir, desde mayo de 2013, por eso el futuro sigue siendo incierto dependiendo de las directrices que podamos recibir de la Unión Europea, que se encuentra con la mosca detrás de la oreja con la actuación de las entidades bancarias españolas.

La justificación que establece el poder judicial es que la suma de numerosos procedimientos como los que nos encontramos en la actualidad, nos encontraríamos con una afectación al orden público económico de notoria importancia, siendo que limitar la retroactividad no sería algo inusual.

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